Ante megaproyectos, lanzan plataforma de denuncia
#Ixtepec 11 oct (#Istmopress).- Ante la asignación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 67 proyectos de hidroeléctricas y 8 proyectos de parques eólicos en el estado de Oaxaca, entre otros proyecto de inversión económica, EDUCA y la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), lanzaron la “Plataforma Electrónica Denuncia Oaxaca”, ante el riesgo de violación de derechos humanos que dichos proyectos representan para las comunidades y pobladores de regiones indígenas.
El objetivo de esta herramienta virtual (www.denunciaoaxaca.org) es hacer visibles las denuncias de casos de violaciones a derechos territoriales, derechos de las mujeres y agresiones a personas defensoras.
De acuerdo a EDUCA, este espacio está dirigido a personas, grupos y comunidades que observen una alta conflictividad en sus regiones o localidades de trabajo. “La plataforma de denuncia es un mecanismo técnico y político que contribuye a visibilizar los casos de violaciones a los derechos humanos, denunciar frente a la opinión pública y las autoridades los agravios cometidos contra activistas, organizaciones y comunidades y, a su vez, brindar una medida de protección a las y los defensores”.
Para hacer uso de la plataforma los denunciantes deben responder formatos simples con guías para responder las preguntas “¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién o quiénes son los responsables? ¿Por qué consideran importante hacer esta denuncia?” así como la posibilidad de adjuntar audios, fotografías y videos.
Conforme al “aviso de privacidad” expreso en el portal de denuncia los datos personales son tratados de forma confidencial, salvo en los casos en que los titulares manifiesten lo contrario, quieran publicar la información con las medidas de seguridad pertinentes o sólo parte de la información que compartieron.
La activista Elena Villafuerte, integrante del área de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), señaló que “por lo menos desde la reforma del artículo 27 (en 1992) hasta la fecha la legislación es regresiva”, pues sostiene que a raíz de la reforma energética y la ley sobre Zonas Económicas Especiales “el marco legal está legalizando el despojo a las comunidades”.
Martín Vargas / Agencia de Noticias Istmo Press
