Comunidades del istmo establecen defensa jurídica ante la ZEE

#Ixtepec 15 nov (#istmopress).- Comunidades y organizaciones integradas en la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, anunciaron la defensa jurídica regional de la vida y el territorio ante las posibles afectaciones de proyectos industriales –mineros, eléctricos, eólicos, represas– enmarcados en la Zona Estratégica Especial (ZEE) del istmo, impulsada por los gobiernos Federal y Estatal.

Representantes de comités de los municipios de Ciudad Ixtepec, Laollaga, Juchitán, Zanatepec, Unión Hidalgo, Tehuantepec y Salina Cruz iniciaron la recolección de firmas para fundar 4 amparos colectivos.

El amparo específico acerca de las afectaciones de las ZEE señalaron que busca defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la región del istmo que serán afectadas con el despojo paulatino de sus tierras y bienes naturales, utilizados para megaproyectos de infraestructura y explotación energética.

Tres amparos colectivos más, refieren a la Licitación y asignación de contrato en proyectos Juchitán y Unión Hidalgo (Ley industria eléctrica y su reglamento), contra Proyectos mineros en la región del istmo y respecto al Proyecto de transmisión eléctrica y segunda temporada abierta de reserva de capacidad de transmisión y transformación de energía eléctrica (TA) en la región del Istmo de Tehuantepec.

Despojo de tierras

Entrevistado durante el foro acerca de la ZEE realizado en el auditorio de la Sociedad Agrícola Local de Ciudad Ixtepec, Macelino Nolasco, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac , explicó que el decreto de la ZEE es la validación de proyectos ya establecidos y otros que se busca implementar en la región — sin información ni consulta previa–, los cuales tienen la particularidad de favorecer economías externas y no a los pueblos, lo que ha generado reacciones de defensa en toda la región.

Entre las violaciones a los Derechos Humanos citó la falta de información y consulta previa sobre el “proyecto intervencionista”, además que en estos proyectos ya están diseñadas las escalas de producción y el único empleo disponible para la mayoría –en el mejor de los casos—es laborar como “mano de obra barata”; en el peor escenario –dijo—se encuentra el despojo de territorio, deterioro de suelos, ambiente y aguas contaminadas, lo que impide ganarse el sustento en el sector primario (pesca, agricultura y ganadería), además de impactos nocivos en la salud pública.

Defensa colectiva

Durante el evento la presidenta del grupo de mujeres “Ni Runi Binni”, María de Lourdez Vázquez Palacios informó la adheción de su grupo al Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio; por su parte las mujeres del Centro Promotor de Tecnologías Alternativas Bibaani A.C. comunicaron próximas acciones para el rescate de su lengua materna y la producción de hortalizas urbanas.

Otros integrantes del Comité Ixtepecano, como Arnulfo Enríquez Quevedo, presidente de la Sociedad Agrícola Local, dijo que los campesinos saben que la defensa de la tierra y el agua hoy día es más apremiante que nunca ante los cambios climáticos, y que la devastación de cerros y contaminación de aguas sería el colmo para el campo ixtepecano.

Por su parte Servando Reyna Altamirano, presidente de la Asociación Ganadera, ratificó su postura ante la amenaza que sugiere la explotación minera, aseguró que no permitirán el engaño respecto a los beneficios económicos, ya que lo que está en juego es la vida, puntualizó.

Movilización regional

Rubén Valencia Núñez, miembro del Comité Ixtepcano en Defensa de la Vida y el Territorio dijo que el 20 de noviembre realizarán una manifestación en el marco de la campaña nacional en la Defensa de la Madre Tierra .

Expresó que en el día de la Revolución Mexicana no hay nada que celebrar, porque están siendo despojados de los derechos que como pueblos conquistaron en la Carta Magna; es por eso –dijo— que se eligió el 20 de noviembre para hacer visible esta manifestación, “no es ideológica, partidista o religiosa sino es una lucha por la defensa de la madre tierra y por la defensa de la vida de los pueblos” aseguró.

Martín Vargas / Agencia de Noticias Istmo Press

En contexto:

De acuerdo al gobierno federal, el decreto de las Zonas Económicas Especiales, «tiene la finalidad de superar los rezagos en la región Sur de México, mediante el aprovechamiento del potencial productivo y ventajas logísticas de la región a través de un nuevo modelo de desarrollo».

Sin embargo, el reporte presentado por más de 100 organizaciones y comunidades profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas.

Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son:

Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público.

Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas.

Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos.

Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de Justicia la Nación, éstas no se cumplen.

Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación.

Diana Manzo – Martín Vargas – Jacciel Morales / Agencia de Noticias Istmo Press