Presenta SENER propuesta de Protocolo de consulta a la comunidad zapoteca de La Ventosa
#LaVentosa #Juchitán, Oax. 7 Nov (#Istmopress) – Unir las voces de la comunidad es crucial para obtener el mejor Protocolo y, por consecuencia, una decisión más satisfactoria para el porvenir de la población, señaló Mariano Rosado López, Síndico hacendario del Ayuntamiento juchiteco, al asistir a esta comunidad zapoteca, para la presentación de la propuesta de Protocolo de consulta para la posible construcción y operación de la Central Eólica Gunaa Sicarú, por parte de la Secretaría de Energía (SENER).
En una antigua escuela primaria y acompañado por el Agente municipal, José Vera Cartas, en esta tercera reunión de la fase de Acuerdos previos convocó a todos los asistentes, a revisar detenidamente el documento, de modo que puedan proponer en la siguiente junta los posibles cambios a la serie de procesos que conforman el Protocolo.
Por su parte, Armando Hernández Castillo, director de área de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Sustentable de la SENER, expuso que el objetivo del Protocolo, que se pone a consideración para su eventual modificación y aprobación, es establecer las bases sobre las que se desarrollará el proceso de consulta, de conformidad con la fracción II del artículo 92 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
Detalló que el instrumento contempla disposiciones generales, tales como el fundamento legal del derecho a la consulta; las bases, principios y componentes a los que se sujetará el proceso; y define los sujetos responsables y los conceptos aplicables: Autoridad Responsable, Autoridad Coadyuvante, Órgano Técnico, Órgano Garante, Comité Técnico Asesor, Empresa y Asamblea Comunitaria, entre otros.
Agregó que la consulta busca establecer un diálogo entre el Estado y la población de La Ventosa, para garantizar la participación de la comunidad en las acciones que pudieran afectar sus intereses; informar sobre las características, alcance e implicaciones del proyecto; informar sobre los impactos y beneficios; y alcanzar acuerdos o consentimiento de la comunidad.
Subrayó que “la consulta observará los siguientes principios rectores: ser previa, libre, informada, de buena fe (no agotarse en un mero trámite formal), culturalmente adecuada, sistemática y transparente, corresponsable, flexible, incluyente, vinculante y respetar el deber de acomodo (deber del estado de ajustar el plan o incluso cancelarlo con base en los resultados de la consulta)”.
El propio Protocolo asienta las siguientes fases del proceso: Acuerdos Previos, Informativa, Deliberativa, Consultiva, Ejecución y Seguimiento de acuerdos.
Hernández Castillo explicó los principios que normarán la actuación de la empresa, y su carácter de actor interesado en la aplicación de la consulta, que suministrará información clara y verídica referente al proyecto; y que sólo estará presente para establecer acuerdos con la comunidad respecto a la operación del proyecto y en tanto queden establecidos los compromisos que ésta asumirá sobre los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales estimados.
Finalmente consensó con los asistentes, quienes decidieron, a mano alzada, los detalles referentes a la Asamblea Comunitaria, señalados en el capítulo III, para quedar como sigue: la convocatoria para las reuniones será lanzada 8 días naturales anteriores a su realización y consistirá en perifoneo; para alcanzar la máxima legitimidad, podrán participar por regla general quienes sean mayores de 18 años y presenten su credencial de elector; y para instalar la asamblea, bastará con el número de personas que asistan.
Conforme al acuerdo, la siguiente reunión será convocada con el plazo de antelación aprobado por la misma Asamblea.
A esta presentación también asistieron: la Regidora de hacienda, Ana Gabriela Nicolás Vera; José Luis Guzmán, Director de Impacto Social de la Secretaria del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, del Gobierno del Estado; Karina López Regalado, Directora de Consulta del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Jesús Jardón, de la Secretaría de Gobernación federal; Abigail Jiménez Torres, de la Secretaría de los Pueblos indígenas y Afromexicano del gobierno estatal; y un representante de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.
