En Oaxaca, se “esfumaron” recursos federales para 38 obras de comunidades indígenas de Juxtlahuaca
Texto: JUANA GARCÍA Y ROCÍO MARTÍNEZ
Ilustración: Iván Vargas
#Juxtlahuaca 27 Dic (#Istmopress) – Para llegar a Yutazani, una comunidad triqui ubicada en la Mixteca de Oaxaca, hay que transitar 11 horas desde la capital; seis horas a Juxtlahuaca, la cabecera municipal, luego otras dos en vehículo y tres a pie en un estrecho camino de terracería.
En la última década, los pobladores de Yutazani han gestionado e insistido que se abra una brecha hasta el pequeño poblado, pues por falta de vías no cuentan con electricidad y llevar material para un tanque de agua potable ha sido imposible. No han sido escuchados, pese a que existen recursos federales que fueron asignados al municipio para hacerlo.
En 2018, por ejemplo, entre las obras prioritarias que expusieron al gobierno municipal de Juxtlahuaca fue confirmada la apertura de un camino rural “sacacosechas”, que continuaría la carretera que está a medias. Ese año, las autoridades de Yutazani también priorizaron la rehabilitación de la línea de conducción del sistema de agua potable y la construcción de un bordo de captación de agua pluvial, pero ninguna obra se llevó a cabo. En 2019, nuevamente priorizaron la construcción de un tanque de agua, pero las peticiones tampoco fueron tomadas en cuenta.
En 2020 y 2021, las autoridades de Yutazani ni siquiera fueron llamadas a exponer sus necesidades, por el contrario, no se les dio ni un peso de parte del municipio, según testificaron.
Lo que vive esta comunidad triqui no es aislado. Entre 2018 y 2021, 38 obras asignadas a través de un acta de priorización no fueron ejecutadas en cinco comunidades indígenas de Juxtlahuaca, pues el presidente municipal Nicolás Feria Romero (Morena), decidió no entregarles los recursos federales de los ramos 28 y 33, fondo III y IV. Hasta ahora se desconoce el destino de los mismos.
Según autoridades de las agencias municipales de la Sabana Copala, Tierra Blanca Copala, Yutazani, Cuauhtémoc Yucunicoco y Santo Domingo del Progreso, Feria Romero no atendió ninguna de sus necesidades prioritarias desde 2018, por lo que 11 localidades iniciaron una demanda contra su administración por no entregarles los recursos federales.
En respuesta, el ahora exedil aseguró: “Los que ya no son mis amigos, ya no los quiero ver”, señalan autoridades de Santo Domingo del Progreso y Cuauhtémoc, dos de las cinco comunidades sin obras y que son catalogadas como de “alta marginación” por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
A casi cinco años de que las comunidades indígenas iniciaran una demanda contra el municipio de Santiago Juxtlahuaca, pobladores de Santo Domingo del Progreso continúan en proceso jurídico en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. Mientras que, los de Cuauhtémoc Yucunicoco también confían en la resolución a su favor.
Sin embargo, pese a que la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) ha emitido resoluciones a favor de las comunidades indígenas como Santo Domingo del Progreso, el expresidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feria Romero se ha amparado una y otra vez, para evitar cumplir con sus obligaciones.
Obras sin cumplir
En Cuauhtémoc Yucunicoco, una de las comunidades que exige sus recursos y que se ubica en una pendiente, es complicada la distribución del agua, debido a que el pozo se encuentra en bajo y la mayor parte de la población en la zona alta.
Por su orografía, la asamblea determinó en 2018 la construcción de un tanque de almacenamiento en la zona alta y en 2019, la ampliación del sistema de agua potable para distribuirla, obras que nunca llegaron, por lo que familias de las periferias siguen sin agua potable.
“Tenemos que acarrear agua con animales porque no llega a nuestras casas”, dice desesperanzado uno de los vecinos.
Estas obras no se realizaron pese a que forman parte de las 38 asignadas como prioritarias en estas comunidades a través de actas firmadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM) que aparecen en el Sistema de Planeación para el Desarrollo (SISPLADE), plataforma del gobierno de Oaxaca.
En un recorrido llevado a cabo para esta investigación en cinco de las 11 poblaciones afectadas, se detectó que al igual que en Yutazani, la comunidad que aguarda su carrera, y Cuahutémoc, donde esperan obras de agua, en La Sabana Copala, las familias no cuentan con agua potable ni energía eléctrica, por ello, la prioridad durante 2018 en esta comunidad fue la ampliación de la línea de distribución del Sistema de Agua Potable; en 2019, la construcción de un pozo profundo y en 2021, la ampliación de la red de energía eléctrica, entre otras obras. Ni una sola de ellas se ejecutó pese a que se incluyeron dentro de la priorización de obras.
Los recursos que deberían haberse usado para estas 38 obras pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), presupuesto que la Federación destina a través del ramo 33, el cual consta de dos fondos.
El primero es para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el segundo para Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios del estado de Oaxaca. También provenían del ramo 28 de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.
Todos los municipios reciben la suma de los dos ramos. Por ejemplo, Juxtlahuaca, recibió en 2018, 63.9 millones de pesos del ramo 33 y 22 millones del ramo 28, los cuales debieron distribuirse de manera equitativa entre las comunidades, de acuerdo a los artículos 5, 6 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Oaxaca.
La suma de lo que recibió Juxtlahuaca de estos ramos entre los años 2018 y 2021, y que adeudan a las cinco comunidades, es de más de 26 millones de pesos, según estiman las propias autoridades de las agencias municipales acreditadas por la entonces Secretaria General de Gobierno (Segego), quienes siguieron a fórmula establecida por el artículo 5, 6 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Oaxaca.
En su artículo 22 esta ley señala que “el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada municipio, de acuerdo a la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.
La suma establecida es un aproximado, con una variación ligera del presupuesto federal, el cual comenzó a tener un incremento para el municipio de Santiago Juxtlahuaca a partir del año 2019.
Proceso legal, viacrucis de comunidades por falta de recursos
Durante estos años, las 11 comunidades a las que se les negaron obras no han cesado de exigir la entrega de los recursos que les corresponden. En 2018, por ejemplo, la Sala de Justicia Indígena dictó una medida cautelar al Ayuntamiento de Juxtlahuaca, aún encabezado por Nicolás Feria, en la que ordenó el pago de los recursos federales a 11 agencias municipales, luego de que cada una de estas comunidades inició un juicio en contra de la cabecera municipal.
Santo Domingo del Progreso, es la primera comunidad indígena del estado de Oaxaca que obtiene a favor una sentencia de Juicio de Derecho Indígena de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia, pero a la fecha el ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca no le ha entregado sus recursos del 2018 al 2021.
“En auto de admisión datado el cinco de noviembre de 2018, se dictó una medida cautelar positiva a efecto de que el Presidente Municipal y la Comisión de Hacienda de Santiago Juxtlahuaca entregará de manera provisional al Agente de Policía Municipal de Santo Domingo del Progreso, la parte proporcional que le corresponde a la comunidad que representa de los recursos de los ramos 28 y 33 fondos III y IV de la Federación, hasta en tanto se resolviera en definitiva el presente juicio”, fija el escrito de la sentencia a favor de Santo Domingo del Progreso.
Fueron dos años de espera para que la Sala de Justicia Indígena (SJI) diera una sentencia a favor; sin embargo, pese a las demandas del juicio, éstas no han sido cumplidas y tampoco se ha dado por concluida el proceso legal.
Luego de que Santo Domingo del Progreso junto con otras 10 comunidades iniciaran por separado juicios de derechos ante la SJI, el proceso se ha prolongado entre mesas de diálogo y amparos por parte por el expresidente y actual diputado.
“Estamos esperando que estas medidas se cumplan, pero debido a que ellos se han amparado una y otra vez, el proceso se ha alargado y nosotros seguimos en espera, sin fecha a que concluya. Pero sí queremos resaltar que gracias a esta lucha hay una resolución a favor de una comunidad indígena, algo que nunca había pasado”, explica, uno de los abogados que acompaña a varias comunidades.
En caso de que no se dé el cumplimiento de la sentencia por los amparos, el juicio podría terminan en la Suprema Corte de la Nación (SCN), agrega el abogado.
A cinco años que iniciaran las comunidades un juicio de derechos, solo Santo Domingo del Progreso y una más ésta por publicarse su resolución. Aunque muchas de éstas ya han tenido convenido en algún momento con la administración del expresidente Feria, los juicios se mantienen.
El listado de los juicios iniciados por las comunidades es el siguiente: Yutuzaní JDI/28/2018; San José Infiernillos JDI/29/2018; Cuauhtémoc Yucunicoco, JDI/30/2018; Zaragoza Yucunicoco JDI/31/2018; Buena Vista Yucunicoco, JDI/32/2018.
A la lista le siguen Santa Cruz Tilapa con el juicio JDI/33/2018; La Sabana, JDI/34/2018; Santa María Yucunicoco JDI/35/2018; Santa Cruz Yucunicoco, JDI/36/2018; Santo Domingo del Progreso, JDI/37/2018 y Lázaro Cárdenas Yucunicoco, JDI/38/2018.
“Nos entregaba lo que quería y cuando quería, afectando las actividades de las comunidades y las gestiones que tienen que hacer los representantes”, denunciaron los agentes de las comunidades entrevistados.
¿Dónde están los recursos?
A casi cinco años de distancia, aún no ha sido posible localizar el paradero de los recursos, debido a que no existen documentos que señalen cómo y en qué fueron o no distribuidos por el exedil Nicolás Feria.
«Nos entregaba lo que quería y cuando quería, afectando las actividades de las comunidades y las gestiones que tienen que hacer los representantes», denunciaron los agentes de las comunidades entrevistadas
Según el oficio OSFE/1766/2019 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), tras la revisión de la cuenta pública 2018, en Juxtlahuaca se desconocía el destino de 9 millones de pesos, de los que 5.5 fueron comprobados, tras una auditoría y 3.6 singuen sin ser solventados.
Por estos hechos, el actual gobierno de Juxtlahuaca presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, pues no hubo disponibilidad de la administración 2019-2021, para realizar la entrega-recepción de los documentos que resguardan el manejo del erario de parte de Feria Romero, diputado local por el distrito 07 en el Congreso de Oaxaca.
Como legislador, actualmente Nicolás Feria las comisiones de Derechos Humanos; Movilidad, comunicaciones y transportes; y en Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).
Se violenta a todo un pueblo
Pese a que el presupuesto debe asignarse según el número de pobladores de las comunidades, y a su marginación, en Juxtlahuaca los recursos federales no llegan de manera directa a las comunidades pese a que 90% de la población es indígena. Tampoco existe una ley que indique la suma de recursos que les corresponden, por lo que el municipio es el único autorizado para administrarlos y los cálculos que hacen las comunidades es en función de la fórmula que se aplica para los ayuntamientos.
Esto porque la Ley Orgánica municipal del Estado de Oaxaca, en su artículo 68, establece que el Presidente Municipal es el representante político y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento.
En este contexto, Gerardo Martínez Ortega, experto en Derecho indígena y coordinador del Área Jurídica y de Litigio Estratégico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), explica que el Estado viola el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, según el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por ello considera que se trata de una actuación racista al pensar que los pueblos no tienen la capacidad de manejar dichos recursos.
“Los pueblos tienen el derecho al desarrollo según sus propias necesidades; además, ellos pueden administrar sus recursos de manera directa sin que tengan que pasar por las arcas del ayuntamiento”, detalla.
“Si tú nombras a tu autoridad, ahí no termina la cuestión, sino que la autoridad tendría que tener recursos para poder ejercer sus funciones y realizar acciones relacionadas con el desarrollo de la comunidad, el mejoramiento del nivel de vida, garantizar el derecho a la educación y a la salud, entre otros, no solamente en infraestructura”.
El experto apunta que cuando las autoridades dejan de recibir el presupuesto de la Federación se ven limitados para ejercer sus tareas y “por lo tanto, si no reciben ese dinero, toda la comunidad se ve violentada”.
Esta violación de los derechos de las comunidades, agrega, profundiza el rezago en el que viven, pues esos recursos negados deberían servir para abatir de manera progresiva las necesidades propias de los pueblos, como lo señala el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca.
Pese a ello, señala que organismos encargados, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), no han emitido alguna recomendación por estas transgresiones, y tampoco existe jurisprudencia por parte de la Sala de Justicia Indígena.
Exigir un aumento les llevó a que les negaran sus recursos
Las autoridades de La Sabana Copala tienen claro que la anulación en la entrega de sus recursos se debió, en un principio, a exigir un aumento de lo que recibían del presupuesto federal.
En el caso de esta comunidad, antes de 2018, sólo le asignaban alrededor de 800 mil pesos del ramo 33, cuando según sus cálculos le correspondían más de un millón 600 mil pesos, pues explican que la distribución la realizan de acuerdo a la fórmula del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se utiliza la información del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 para los municipios del estado de Oaxaca.
Antes de ese mismo año, del ramo 28, apenas les daban 10 mil pesos mensuales, cuando en realidad les corresponden más de 42 mil pesos por mes con una suma de medio millón anual. “Pareciera que le íbamos a pedir limosna”, relatan las autoridades de La Sabana.
En el caso de Cuauhtémoc Yucunicoco, pobladores aseguran que en 2017 fue la última vez que el municipio de Santiago Juxtlahuaca les entregó recursos. Recuerdan que ese año les costó 230 mil pesos una obra; sin embargo, en 2018, el municipio les restó 21 mil pesos y sólo recibieron 209 mil pesos.
“Con ese dinero se construyó un tanque de cuatro metros cuadrados por cuatros metros de altura, el cual se quedó a medias, según nos dijeron que el dinero no alcanzó ni para las mangueras”, denunciaron.
Las autoridades recuerdan que fuera por esa razón que entraron en “un pleito” con el entonces presidente municipal Nicolás Feria, quien en vez de aumentar les recortó los recursos cuando hicieron una cocina comunitaria, donde ocuparon 230 mil pesos, obra que quedó sin lozeta y que también lo dejaron a medias.
Esa obra se realizó con la intención de tener una cocina comunitaria para los estudiantes, por lo que la asamblea priorizó su construcción, misma que se quedó sin piso y le faltaron muebles porque el recurso no les alcanzó.
Tras las denuncias por la falta de entrega de recursos en 2018, las autoridades comunitarias señalan que la administración de Feria Romo intentó negociar y entregarles menos recursos.
“Quieren negociar, pero nosotros no queremos negociar, solo queremos que nos entreguen todos nuestros recursos, no les estamos pidiendo de más”, señalan.
Entre las comunidades que también denunciaron la falta de recursos está Tierra Blanca Copala; sin embargo, su lucha se truncó porque a finales de diciembre de 2020, decenas de familias, junto a sus autoridades, fueron desplazadas por hechos violentos que se registraron en la localidad derivado de un conflicto interno.
Todo esto pese a que el artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca prevé la asignación de recursos económicos federales de los ramos 28 y 33, de manera general a las agencias municipales o de policía, sean o no indígenas.
Sin embargo, esto no ocurrió en La Sabana Copala, Tierra Blanca Copala, Yutazani, Cuauhtémoc Yucunicoco y Santo Domingo del Progreso.
Otras de las leyes que señalan estas garantías es la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, en su artículo 59, donde señala que los ayuntamientos dictarán las medidas legales a efecto de que las participaciones federales, los ingresos que se deriven de convenios con el estado y la federación, así como los derivados de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales se distribuyan con un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios, considerando sus disponibilidades presupuestales y las necesidades de las mismas.
Por estas garantías, los representantes de las comunidades explican que la repartición de los recursos tanto del ramo 28 como el 33, es una suma con una variación ligera del presupuesto federal, el cual comenzó a tener un incremento para el municipio de Santiago Juxtlahuaca a partir del año 2019.
Además, en su artículo 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Oaxaca, señala que “el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada municipio, de acuerdo a la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.
Bloqueos, hartazgo de comunidades
Gerardo Martínez Ortega, experto en Derecho Indígena, explica que la falta de entrega de recursos a llevado a las comunidades a una situación de hartazgo social podría continuar mientras no haya una iniciativa a la reforma constitucional federal o local, pues “las leyes no son suficientes o tan efectivas para hacer que las agencias puedan acceder a los recursos que les corresponden en razón a número de habitantes. Aunque existe el derecho, no hay mecanismos idóneos para ejercer ese derecho”.
El especialista explica que la última reforma que hubo a la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Coordinación Fiscal de Oaxaca sólo previeron la posibilidad de que el presupuesto de egresos se entregado del ayuntamiento a las agencias, algo que “es medianamente bueno, pero no resuelve, porque sujeta el ejercicio de un derecho a la voluntad de un ayuntamiento”.
Martínez Ortega indica que los cambios deben ser desde la constitución federal y local, en las leyes secundarias como la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, entre otros.
“Más allá de su categoría administrativa como agencia de policía o municipal, como comunidad tengan ese derecho, en la constitución se tendría que estar reconocido de manera expresa ese derecho, para que se vincule de manera directa a las comunidades y les puedan entregar sus recursos”.
Asegura que las sentencias de otras comunidades que exigen sus recursos, la Secretaría de Finanzas argumenta “que legalmente hablando la norma no se los permite, en tanto no haya una reforma, van a seguir negando la transferencia directa de recursos”.
Este hartazgo del que habla especialista se ha visto manifestado en bloqueos carreteros, toma de oficinas, retención de funcionarios y hasta amenazas de linchamiento, algunas de las acciones realizadas por habitantes de comunidades oaxaqueñas en exigencia a las autoridades municipales para la entrega de recursos de los ramos 28 y 33.
En 2019 más de 10 comunidades tomaron el palacio municipal de Santiago Juxtlahuaca durante 15 meses, para presionar a las autoridades en la entrega completa de sus recursos; sin embargo, nunca accedieron, por el contrario, el entonces Presidente Municipal y el síndico respondieron con demanda de amparo al expediente JDI/37/2018.
La llegada de la pandemia del Covid_19 fue la excusa para que las autoridades municipales obligaran a las comunidades a retirarse del palacio, de tal manera que se convirtió en otro conflicto social en el que hubo uso de la fuerza policíaca.
“Nos corrieron como si fuéramos personas sin derecho; luego que no nos hicieron caso salimos a la ciudad de Oaxaca a realizar una marcha, pero tampoco pasó nada”, recuerdan, casi a dos años de que fueran desalojados, autoridades de Tierra Blanca, en exigencia por sus recursos, antes de que su comunidad enfrentará el desplazamiento forzado interno.
En esta situación de hartazgo y humillación se encuentran otras decenas de comunidades de la Sierra Sur, Mixteca, Istmo y Costa del estado de Oaxaca.
“Seguiremos luchando para que nos escuchen, lo estamos haciendo no solo por el bien de La Sabana, sino por el bien común de otras comunidades indígenas, tanto triquis como mixtecos”, repiten las autoridades de La Sabana Copala.
En tanto, las autoridades de comunidades como Cuauhtémoc urgen a la ampliación de los recursos para poder llevar agua a las familias de la periferia. “Si nos dieran los recursos, nosotros nos encargaríamos de buscarle, pero eso nunca sucede porque son ellos los que administran las obras”. Mientras que las autoridades de Yutazani han insistido en la apertura de una carretera hasta su pueblo.
Resisten con remesas
Los pueblos que han resistido la falta de recursos sobreviven de las remesas de familiares y vecinos radicados en Estados Unidos, además de las cooperaciones para sus necesidades más urgentes.
“Ustedes son testigos, ven la construcción, los amigos americanos cooperan y nosotros damos tequio. Algunas familias nos dan de comer, aunque sea un tamalito o un refresquito, es como hemos sobrevivido como pueblo”, detallan habitantes de La Sabana Copala.
Por falta de recursos del municipio de Santiago Juxtlahuaca, las únicas obras que se ejecutaron en esta comunidad fueron del gobierno federal a través del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN).
Por ejemplo, en La Sabana, se construyó una barda perimetral de la escuela preescolar, así como una grada escolar y la pavimentación de primaria en esta comunidad.
En La Sabana, además, hay un albergue donde, debido a la falta de recursos, la comunidad absorbió el pago de la cocinera.
“Imagínese que nosotros debemos de pagar a la cocinera del albergue que acá tenemos, antes pagábamos con el recurso que nos entregaba el municipio, pero ahora ni eso tenemos”.
También en Santo Domingo del Progreso al igual que Cuauhtémoc Yucunicoco, trabajó a través del tequio es la única forma como se logran realizar obras, en especial las que el programa de La Escuela es Nuestra, donde se logró construir un aula y un techado, para estudiantes de primaria y preescolar, así como mejoramiento de las instalaciones educativas.
Las autoridades de La Sabana, Cuauhtémoc y Santo Domingo aseguran que más infraestructura para la educación se hubiera podido realizar, si hubieran recibido sus recursos correspondientes.
Entre cooperaciones y tequios, es como las comunidades han avanzado y, han resistido ante las múltiples violaciones a sus derechos humanos y la falta de recursos para ejercer su soberanía, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), en coordinación con Data Crítica y Notimia, con Ilustración de El Universal.
