Un acercamiento al “conflicto” en Chimalapas

#Chimalapas 6 abril (#istmopress).- La investigadora Valentina Valle, en un trabajo realizado como “acercamiento a la cuestión de los Chimalapas”, refiere que es necesario contextualizar este conflicto en un marco histórico de despojo y reubicación forzada de campesinos.

Sugiere que no basta la referencia de que en 1687 el pueblo zoque compró a la corona española una tierra que ya era suya, pagándola con la jícara de oro que le dio el nombre.

En su trabajo documental, intenta sintetizar cuatro siglos de historia, “una historia de despojo, de un territorio donde el sistema vigente sigue siendo el caciquismo, las luchas de poder van de la mano con la invasión de la tierra y los paramilitares, versión contemporánea de los mercenarios a sueldo de los finqueros, quienes siguen amenazando la población”.

Asegura que el “conflicto Chimalapa” no surge a raíz de un problema de límites territoriales, los bienes comunales están delimitados claramente desde hace más de tres siglos. No se trata de una “invasión”, asegura, sino de despojo de tierras y reubicaciones forzadas.

La unificación

La división entre oaxaqueños y chiapanecos en territorio Chimalapas no siempre ha existido, en 1970 los  jornaleros de las madereras, mestizos, tzotziles y zoques de Chiapas con zoques de Chimalapa, se unieron dando origen a una reivindicación territorial en contra del sistema caciquil imperante y que derivó a que  en 1977  se expulsara a la maderera Monroy.

En la década de 1980, también hubo unificación, cuando una nueva unión entre ex trabajadores de las empresas e indígenas zoques y tsotsiles formaron el Frente Chima, estableciendo las comunidades de Río Frío, Benito Juárez, Chocomantlan y San Antonio Encinal, en el Municipio de San Miguel Chimalapa, como una forma de delimitar el territorio.

Esta unidad “obstaculiza algunos de los nuevos negocios y proyectos de interés en el Istmo de Tehuantepec, como la minería y el sistema de vialidad”, asegura la investigadora.

Cabe destacar que toda la región del Istmo tiene un papel central en la implementación y realización del Proyecto Mesoamérica, un plan surgido en junio de 2008 por iniciativa del gobierno Mexicano para “articular los esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración entre los países de Mesoamérica, fortaleciendo la capacidad de ejecución de proyectos en materia de infraestructura económica y social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”.

El investigador del Colegio de la Frontera Sur-Villahermosa Jorge Luis Capdepont Ballina, define el ALCA como «un megaproyecto de bloque económico para crear un mercado libre, teniendo como beneficios la reducción de impuestos a las importaciones y la promoción de inversiones privadas», y destaca como el único papel que juega Centroamérica en este tipo de acuerdos como exportador de materias primas, siendo imposible para los países de la región introducirse en el comercio internacional a gran escala como lo hacen Estados Unidos o Canadá.

Legalidad

Desde un punto de vista legal, los zoques de Chimalapas tienen la razón y a toda institución a la que se han dirigido, siempre han obtenido respaldo: la ONU con la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, la OIT con el Convenio 169, el ex-presidente Díaz Ordaz con la resolución del ’67. “Los chimas piden respeto, porque desde años se les reconocen sus derechos en la teoría y se los atropellan en la práctica”.

En ese sentido retoma “Los intereses en juego no han cambiado con el tiempo, siguen siendo la madera, el agua, los minerales y la biodiversidad. En pocas palabras, los recursos naturales que México desde años promete a las compañías transnacionales con la firma de tratados para la realización de proyectos que la resistencia de los comuneros puntualmente obstaculiza”.

Los proyectos

Presas hidroeléctricas, autopistas y plantaciones forestales fueron megaproyectos lanzados ya con los presidentes José López Portillo, Miguel de La Madrid y Carlos Salinas de Gortari; ninguno tuvo éxito. En los años ochenta los comuneros lograron detener la construcción de una serie de presas hidroeléctricas pertenecientes al proyecto Chicapa Chimalapa. Luego, a principio de los noventa, la alianza con sectores de la sociedad civil hizo que se pudiera detener el proyecto de un tramo carretero de autopista de cuatro carriles que pretendía cruzar el corredor biológico natural de las selvas altas, compuesto por el Uxpanapa (Veracruz), Chimalapas (Oaxaca) y la reserva El Ocote (Chiapas).

A finales de la misma década, la resistencia se concentró de un lado contra la propuesta de convertir los bienes chimas en un reserva de la biósfera y, del otro, contra al Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que consistía, entre otros, en 164 proyectos de vías de comunicación, que implicaban la reubicación de las poblaciones periféricas a las carreteras en los bienes comunales Chimalapas.

Las amenazas siguen hoy con proyectos como el Mesoamérica y el Corredor Industrial Interoceánico; “lo que falta ahora es la unidad entre los habitantes, cómplice una mala información que presenta el «conflicto chima» como un enfrentamiento entre indígenas zoques en defensa de su territorio y pequeños empresarios y ganaderos chiapanecos favorables al «desarrollo», mientras en realidad se trata de una oposición entre víctimas de un mismo sistema, funcional a la penetración del interés transnacional”.

La procedencia de los invasores es de hecho un punto central. Históricamente se trata de campesinos desplazados de otras comunidades, cuyo origen remite a una historia de múltiples despojos, muchas veces compartida con los chimalapas de la zona oriente.

Los mismos habitantes de San Francisco la Paz, que en febrero detuvieron a los talamontes, hasta la segunda mitad de los años setenta no tenían nada que ver con los bienes comunales zoques: son indígenas chinantecos originarios de Tuxtepec, Oaxaca, localidad de donde fueron desplazados como consecuencia de la implantación de la presa «Cerro de Oro». Esta obra, la primera realizada según el modelo Tennesee Valley Authority, es una corporación propiedad del gobierno federal de los Estados Unidos creada en 1933 para el desarrollo económico del Valle de Tennessee; causó la inundación de 43 ejidos y la reubicación forzada de más de 1,661 campesinos indígenas, que fueron trasladados a lo que Josefa Sánchez define como el  «desierto verde», refiréndose a la franja de selva virgen entre Oaxaca y Chiapas.

“En Santa María Chimalapa recuerdan los tiempos cuando esta gente llegó, y «era pura gente humilde que se puso a trabajar. Vinieron sin nada y ahora son gente ganadera, bien agradecidos con la comunidad que los recibió, y muy atentos a la naturaleza y su conservación». Tal vez fue por bondad de los chimas, o porque los chinantecos demostraron respeto y buena voluntad, pero el caso de San Francisco la Paz demuestra que los zoques de Chimalapa realmente están dispuestos a dejar vivir en su territorio quien realmente lo necesite, siempre y cuando reconozcan los bienes comunales y los defienda de las agresiones exteriores”.

Martín Vargas / Corresponsal