ZEE, eólicos y mineras en la mira de la ONU

#Ixtepec 3 septiembre (#istmopress).- La Articulación de los Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec por la Defensa de la Tierra y el Territorio integrado por organizaciones y comunidades zapotecas, huaves, mixes, chontales y zoques que habitan la región del istmo, expresaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su preocupación por la implementación de la Zona Estratégica Especial (ZEE) en la región.

Denunciaron el andamiaje jurídico “que acrecienta el despojo y la explotación de los bienes naturales de las comunidades con el fin de favorecer exclusivamente a los grandes poderes económicos, y sostiene a duras penas su vulnerada capacidad de gobernanza mediante el uso cada vez más frecuente de la fuerza pública”.

Mediante la Ley de Zonas Económicas Especiales recientemente aprobada, se establece que las empresas tengan todos los privilegios demeritando los derechos de las comunidades, denunciaron.

Al mismo tiempo, señalaron el avance de la 2da fase de desarrollo eólico, en el que empresas y gobierno proyectan construir nuevas subestaciones y líneas de transmisión, para triplicar la energía que ya se genera en el Istmo, sin reparar en las consecuencias sociales.

En la denuncia se subrayó que el poder político y económico vinculado a Eólica del Sur “ha puesto de rodillas al poder judicial”, al cambiar de Juez que había resuelto a favor de las comunidades. La nueva autoridad federal recientemente levantó la orden de suspensión favoreciendo de esta manera a la empresa y violando los derechos colectivos de las comunidades, luego que 1166 indígenas zapotecas, lograron una suspensión que impidió la ejecución de este proyecto durante casi un año.

Entre otros temas, en el marco de los megaproyectos, denunciaron la intención de instalar proyectos mineros a cielo abierto en diversos puntos de la región, como en Ixtepec y Zanatepec., en detrimento del las cuencas que comparten los pueblos del istmo y costa.

Los representantes de organizaciones denunciaron los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada, asesinatos de defensores, demandas y encarcelamientos entre otras estrategias que utilizan las empresas para realizar los megaproyectos.

Pavel Sulyandziga, actualmente el presidente del grupo de la ONU informó a las comunidades que se elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita y que posteriormente se presentará el informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Empresas y Derechos Humanos en México

En reporte presentado por más de 100 organizaciones y comunidades se profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas.

En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas.

Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas dio a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros.

Las empresas citadas

Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, TransCanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Los obstáculos

Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público.

Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas.

Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos.

Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de Justicia la Nación, éstas no se cumplen.

Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina.

Martín Vargas / Corresponsal