Protesta Ucizoni ante imposición de gasoducto en el Istmo de Tehuantepec
#MatíasRomero 19 ene (#Istmopress).- Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) conformada por 126 comunidades de 12 municipios en el Istmo de Tehuantepec se manifestaron en la Ciudad de México contra la imposición del gasoducto de la Refineria Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz – a la refinería de Coatzacoalcos Veracruz.
Los manifestantes se trasladaron en caravana de Matías Romero hacia la Ciudad de México para denunciar ante el alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos esta imposición del gobierno federal derivado de la reforma energética.
Es preciso mencionar que La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, impulsado por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, tiene la finalidad de superar los rezagos en la región Sur de México, mediante el aprovechamiento del potencial productivo y ventajas logísticas de la región a través de un nuevo modelo de desarrollo.
El Corredor Industrial Inter-Océano en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México, promoverá la creación de un gasoducto Transoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, buscará la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo e impulsará la Carretera Transístmica.
Carlos Beas Torres, asesor de esta agrupación social expresó que este gasoducto no solo afecta la soberanía social sino alimentaria de los pueblos indígenas, pues se destruirán terrenos de siembra y también de pastoreo de ganado.
“La Ucizoni rechaza todas las consultas que se quieran hacer porque están siendo a modo y no toman en cuenta el convenio 169 de la OIT, están interviniendo falsamente integrantes de la Secretaria de energía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y también la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol)”, indicó.
La Ucizoni quien también forma parte del Frente Indígena y Campesina de México (Ficam) señaló que esta unión de comunidades esta realizando una jornada de lucha nacional ante las instituciones de gobierno que están desatendiendo los derechos económicos y sociales.
En un comunicado expresaron que derivado de la reforma energético y sus leyes secundarias ha facultado a la Sedatu para que intervenga como parte mediadora entre las empresas interesadas en invertir y las comunidades que quieren despojar de su suelo y recursos naturales.
Añadieron que le han expuesto a la directora de CDI, Nuvia Mayorga que al no existir una Ley General de Consulta de los pueblos indígenas se esta quebrando la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la cual puede coordinar la consulta indígena.
Por último reprobaron las falsas conductas y exigieron una Ley General de Consulta para los pueblos indígenas donde exista una reorientación de los recursos para generar política publica para combatir la desigualdad social.
Diana Manzo/Agencia de Noticias IstmoPress
