Respeto a la selva, la exigencia Chimalapa

#Chimalapas 5 oct (#istmopress).-  Habitantes zoques y tzotziles, de las comunidades oaxaqueñas y chiapanecas de la zona oriente del territorio Chimalapa, vivirían en paz de no ser por la falta de precisión jurídica sobre la adscripción territorial de estos pueblos, lo cual ha dado lugar –entre otros problemas– a que la Semarnat otorgue «permisos fantasmas» a núcleos agrarios chiapanecos.

La cancelación de estos permisos otorgados a ejidatarios y «pequeños propietarios» en los linderos del área de conservación comunitaria denominada “Cordón-El Retén” es la principal exigencia de las comunidades chimas –en la zona oriente– para liberar al comisariado ejidal de Rodulfo Figueroa, Chiapas, retenido el pasado jueves 29 de septiembre, así como para entregar el helicóptero del Gobierno de Oaxaca.

Los comuneros aseguraron que las personas que viajaron a bordo del helicóptero son libres de regresar a sus lugares de procedencia, pero que permanecen en el lugar por voluntad propia en espera que se libere la aeronave.

El agente municipal de San Antonio, Tomás García, refirió que por acuerdo de la asamblea no fue entregado el helicóptero solicitado por la Secretaría General de Gobierno (Segego) para iniciar el diálogo este miércoles, en ese sentido dijo que las comunidades de San Antonio y Benito Juárez mantienen la asamblea de manera permanente en espera de la respuesta del Gobierno de Oaxaca.

Semarnat y sus permisos

En un recorrido por la zona, se pudo constatar la tala de árboles de pino amarillo y liquidámbar en el paraje conocido como el Quebrachal –dentro del polígono protegido–, por ejidatarios chiapanecos.

De acuerdo a los guías de la expedición, la detención realizada al comisariado ejidal de Rodulfo Figueroa, el decomiso de una motosierra y más de 100 tablas, fue consecuencia de esta tala clandestina.

Los comuneros refirieron que durante días observaron pasar camionetas cargando madera hacia el Jícaro, por lo que en asamblea determinaron realizar un recorrido por la zona ante la falta de atención de la Semarnat y Profepa, que se niegan a cancelar esta actividad en las comunidades.

Denunciaron que se trata de una centena de árboles de 30 a 40 años de edad que han sido derribados en diferentes puntos, incluso al lado del rio Baúl, donde se han encontrado árboles de la especie liquidámbar, la cual está protegida por su importancia en las selvas de niebla.

Desde el 22 de febrero de 2005 presentaron la denuncia ante la delegación Estatal de la Profepa «Por derribo de árboles» PFPA/OAX/57/0101-05/FORESTAL

Los comuneros explicaron que en el Quebrachal como en otros parajes se pretende ampliar el proyecto de recolección de resina, con el cual cientos de familias chimas pretenden mejorar su economía al tiempo que preservan su ecosistema.

Comisario de Rodulfo Figueroa

A seis días de su detención, el comisariado ejidal de Rodulfo Figueroa, Ángel López Sánchez, expresó que la solución del conflicto territorial en Chimalapas depende de la resolución de la controversia constitucional para fijar los límites entre ambas entidades federativas.

Aseguró que como pobladores acatarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sumándose como comuneros a los Chimalapas de resultar a favor de Oaxaca, lamentablemente no hay una fecha puntual para conocer ese veredicto.

Dijo que la prórroga que piden a los comuneros de las agencias y cabecera municipal de San Miguel es hasta conocer esta resolución, pero entiende que para que los gobiernos actúen los comuneros deben ejercer presión, de lo contrario seguirán ignorando la problemática, mientras que crece la confrontación en las comunidades.

Ángel López Sánchez dijo que este conflicto afecta la tranquilidad de las familias, sin embargo, aseguró que el trato hacia su persona ha sido respetuoso, mantiene comunicación con sus familiares y con una comisión de su ejido que acudió ante Juan Carlos Gómez Aranda, secretario General de Gobierno de Chiapas, para solicitar su intervención en este conflicto.

Agregó que como autoridad tiene el compromiso de velar por sus representados y que teme que esta retención complique la unificación entre los pueblos, pero refirió que en los meses que le quedan al frente de Bienes Ejidales de su comunidad trabajará por la paz entre las familias y núcleos rurales avecindados en este territorio.

“Ellos (los gobernantes) lo tienen todo, a nosotros como campesinos nos ven como una cosa insignificante, sólo cuando están en campañas políticas prometen que van a resolver el conflicto, pero una vez que ganan se olvidan de todo” puntualizó López Sánchez.

Como llamado a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca dijo: «que se pongan la mano en el corazón, que trabajen en verdad para resolver este conflicto».

Pasos para la unificación en Chimalapa

En la asamblea general realizada el 3 de octubre de 2016, miembros de las comunidades chimas de San Antonio y Benito Juárez exigieron el respeto al polígono de bosque protegido; pero votaron en contra del desalojo de las comunidades chiapanecas, aseguraron no tener conflicto con ellos, sino con los permisos que contravienen los intereses de la comunidad, como la tala de árboles en este territorio.

Autoridades auxiliares de San Antonio (Oaxaca) y Rodulfo Figueroa (Chiapas) coincidieron en que la unificación de las comunidades se está dando de manera paulatina: miembros de ambas localidades han conformado familias, campesinos tzotziles han sido aceptados e incorporados como comuneros chimas y sus hijos comparten aulas de clases en el bachillerato ubicado en la agencia de Benito Juárez, a donde acuden alumnos de los poblados chiapanecos.

La breve distancia entre las comunidades facilita la unificación, ya que para llegar a una comunidad oaxaqueña necesariamente se pasa por un poblado chiapaneco y viceversa; sin embargo, las autoridades de Rodulfo Figueroa (Chiapas) y San Antonio (Oaxaca) no han podido lograr dicha unificación debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto definitivamente el juicio de controversia constitucional 12/2012 respecto a la pertenencia del territorio, lo cual sirve como argumento para que el gobierno de Chiapas -con el “gancho” de los programas sociales- evite la unificación de facto.

El caso de la zona poniente de Chimalapas es diferente. En San Francisco la Paz perteneciente a Santa María Chimalapa, la exigencia del desalojo se mantiene vigente luego de que los comuneros zoques determinaran en la asamblea del 24 de septiembre el desalojo de los habitantes en el predio La Reforma.

Martín Vargas – Jacciel Morales / Agencia de Noticias Istmopress