Reclaman por feminicidio y reciben agresión de ministeriales en Fiscalía

Poco después de las 9:30 de la mañana llegaron la mamá y el papá de Zyanya, su hermano y hermana, con integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) y Carlos Olvera y Ximena Ugarte, quienes asesoran jurídicamente el caso. También estaba la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada en junio de 2010 y cuyo caso asentó un precedente para la tipificación de feminicidios.

La casa donde vivía la joven de 26 años de edad, en San Andrés Cholula, está bajo resguardo de la FGE por estar dentro de una investigación. Sin embargo, el jueves un agente del Ministerio Público se comunicó con la familia para avisarle que habían habido una audiencia con los dueños, en la cual se resolvió que la vivienda se dejaría de custodiar y se entregaría a los propietarios en un lapso de 72 horas.

Durante la rueda de prensa, su mamá, Patricia Becerril, denunció que desde el principio la FGE ha sido omisa, negándose a investigar el caso como feminicidio y manejando la versión de suicidio.

Los asesores jurídicos dijeron que es necesario que la casa siga resguardada pues aún se deben hacer varias pruebas periciales, y denunciaron que la Fiscalía solamente recabó cinco pruebas de las cerca de 80 que había en la escena del crimen. 

Es importante que la casa no sea entregada aún pues faltan los peritajes independientes que la defensa de Zyanya Estefanía pidió, además de la reconstrucción de los hechos que todavía no se hace, señalaron.

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Al finalizar, la señora Irinea Buendía dijo que en el estado de Puebla no ha habido justicia para Zyanya, y enfatizó que ha sido la propia Fiscalía quien ha tratado de “tapar la cloaca” de todos los atropellos por la falta de justicia para la joven. Pero, agregó, que eventualmente “le va a brotar en la cara por todas las omisiones que ha hecho”.

“No buscamos otra cosa más que justicia”, agregó Irinea.

La señora Paty pidió una reunión con el Fiscal, y ante la negativa de recibirla junto con la señora Irinea Buendía se trasladó a la sede de la Fiscalía en la 31 poniente alrededor de las 4 de la tarde.

La agresión en Fiscalía

“Es que ustedes llegaron agresivamente”, dice el agente ministerial Martín Torres Medina a Irinea Medina, una señora adulta mayor, que usa bastón, y que acompaña, al igual que otras personas defensoras de Derechos Humanos, a la familia de Zyanya Figueroa, víctima de feminicidio. 

Ese mismo agente ministerial, minutos antes empujó con su cuerpo y antebrazo a varias mujeres cuando atravesaron la reja de la Fiscalía General del Estado. Y mientras empujaba con la izquierda, con la derecha empuñaba una macana. Unos 15 minutos después, también fue él quien lanzó gas pimienta a las manifestantes para evitar que se encadenaran a la reja como forma de protesta pacífica. 

El gas alcanzó también a las personas defensoras, a personas que estaban ahí para presentar una denuncia, a algunas feministas que acuerpaban la manifestación y a la prensa. 

La familia y demás manifestantes, entre ellos integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, llegaron a la Fiscalía a eso de las 16 horas para exigir una respuesta por parte del Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, sobre la entrega o liberación de la casa donde fue encontrado el cuerpo de Zyanya.

Desde el inicio, y con el antecedente de las omisiones por parte de la Fiscalía, la intención de las familias era encadenarse a la reja. En los videos puede verse que cuando algunas personas comienzan a cruzar la reja, policías y agentes ministeriales se lanzan para impedir el paso y cerrar la entrada. 

Ximena Ugarte, la defensora de DDHH, queda con la mitad de su cuerpo adentro mientras dos policías intentan sacarla. La señora Buendía está junto a ella, totalmente fuera, al pie de la escalera. Los familiares que lograron entrar antes intentan ayudar para que dejen de empujar y abran la reja. Ahí empieza el caos. 

También en los videos se ven claramente los movimientos de los policías y agentes en contraste a los de quienes se manifiestan. Ellos empujan, algunos encapsulan a miembros de la familia Figueroa. Los defensores y las feministas comienzan a gritar para que les dejen pasar, para que no les toquen, alertan sobre golpes a la familia. A la propia abogada Ugarte con un empujón le lastiman el brazo. 

El agente ministerial Martín Torres, el que roció el gas pimiento, tiene la macana en mano, mientras que el resto de policías, a pesar de repetir una y otra vez a los y las manifestantes que se retiren, y que no les están tocando, tensan sus manos sobre sus respectivas macanas y no le dan espacio a las mujeres que ya se encuentran por dentro, pegadas a la reja. 

Uno de los policías graba a quienes se manifiestan, pero cuando las feministas, familiares y activistas le preguntan sus nombres y cargos a cualquiera de ellos, la mayoría esconde su identificación entre la ropa. No es visible cuando Martín Torres se deshace de la macana, pues cuando la señora Buendía lo encara de frente, y a su alrededor le exigen su nombre, ya no la tiene, alega que su nombre está en su identificación mientras la levanta pero luego la voltea para que no se pueda leer. 

Unos 15 minutos después las mujeres pegadas a las rejas comenzaron a rodearse con una cadena para quedar atadas a los barrotes. En ese momento fue que de nuevo vino una ola de empujones y, desde una tercera línea, Torres Molina roció directamente con gas pimienta a un joven y las mujeres en la reja, aunque el líquido llegó también a algunos policías y periodistas. 

Después, Torres guarda el pequeño bote en su bolsillo para seguir con los empujones. Sí, el mismo funcionario público que minutos antes acusaba frente a cámaras de medios y civiles que aquellas personas manifestantes desarmadas, habían entrado con agresividad. 

“Es mucho pedir que seamos escuchados”

Un poco después de esa agresión, el personal de la Fiscalía se resguardó en el edificio, lo que dio oportunidad para que algunos familiares, defensores y activistas hicieran sus denuncias y exigencias a través de un micrófono y una bocina. 

“Estamos encadenadas hasta que nos reciban, hasta que se haga justicia del caso Zyanya y de todos las mujeres asesinadas de forma violenta en este estado, ¡no nos van a callar! ¡ni una más!», gritó la abogada Ugarte. 

Por su parte, Patricia Becerril, denunció que desde el inicio la investigación no fue iniciada como feminicidio, a pesar de que está dictado en los protocolos, y en su lugar, sólo sentenciaron el caso como suicidio. 

“Nosotros en su momento no teníamos porque saber que toda muerte violenta de una mujer tenía que ser investigada con perspectiva de género y debida diligencia, no simplemente decir [que] se suicidó y váyanse a su casa. Han sido tres años de constante lucha y dolor contenido, de una rabia que ya no cabe más, ¿es mucho pedir, señor fiscal general, que seamos escuchados?”

El abogado del OCNF Rodolfo Domínguez, sentenció: ¿Por qué nos tenemos que ir con las gargantas dolidas, con los ojos llorosos solo por pedir justicia? Esta es una Fiscalía corrupta, omisa, negligente y ahora violenta».

Domínguez también recalcó que trajeron peritos especializados a Puebla para ayudar a la investigación pero que el personal de la Fiscalía “se burló de ellos”, además de que los ministerios públicos no los han atendido y los han ignorado señalar que el cuerpo de Zyanya tenía 20 lesiones por lo que hay inconsistencias en la necropsia que no concuerdan con la teoría del suicidio

Casi a las 7 de la noche llegaron más personas a la Fiscalía, convocadas a través de redes para acompañar y acuerpar la manifestación. Conformadas principalmente por mujeres feministas, ayudaron a cerrar parte del Boulevard 5 de mayo para generar más presión a las autoridades ante la falta de respuesta a su petición de diálogo con el Fiscal. 

Media hora más tarde comenzó a llover y tanto las mujeres encadenadas como algunas otras personas se resguardaron bajo dos carpas que habían instalado momentos antes, previendo el mal clima. 

A las 8:30 se presentaron Ulises Ramos, fiscal especializado en DDHH y Raquel Avendaño Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género cometidos en contra de mujeres, para tomar la denuncia sobre los hechos de agresión por parte del personal de la Fiscalía y se comprometieron a acompañar a las y los manifestantes para interponer la queja formal e iniciar el procedimiento interno.

Casi a las 9 de la noche, los familiares de Zyanya y sus abogados entraron finalmente a la Fiscalía acompañados de Avendaño y Ramos para dialogar, pero sin certeza de encontrarse también con el Fiscal General. Después de eso, el resto de personas manifestantes comenzó a retirarse.

Por la noche, pasadas las 10, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. hizo un llamado a las autoridades estatales a respetar «el derecho a la manifestación pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos».

*Foto de portada: LADO B