¡Silencio! Las niñas están gritando

 

Por su condición de género y edad, las niñas y adolescentes en México se enfrentan a la vulneración de sus derechos, a tratos de discriminación, a estigmas y estereotipos atribuidos al ser mujeres, a la falta de servicios escenciales y al acceso a la justicia cuando han sido víctimas de algún delito.

 

Estas situaciones, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se agravaron durante la pandemia de la COVID-19, donde quedó al descubierto el doble sistema de justicia patriarcal y adultocentrista que genera que la violencia contra las niñas y las adolescentes sea ignorada y minimizada.

 

Regina, Valentina y Sol* relatan cómo fue enfrentarse a un sistema social y judicial que bajo ideas misóginas mostró indiferencia a sus denuncias, les responsabilizó de ser culpables del delito que sufrieron y les revictimizó.

 

 

Por Samantha Anaya y Jacqueline López

 

Ilustraciones: Ivanna Orozco

 

“Qué cree señora, lo que su niña tenía era una infección vaginal, no fue abuso sexual” dijo el Ministerio Público de Ciudad Niñez de Jalisco a Yezica, luego aventó sobre la mesa los documentos para que los viera. Ella sabía que era mentira, ya antes había acudido a la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia en el Hospital General de Occidente, conocido como “Zoquipan”, donde a través de distintos estudios médicos y psicológicos especialistas le habían confirmado que Sol, su hija de 10 años, sí había sido víctima de este delito.

 

“¡Ay! que curioso, estos papeles dicen otra cosa” le contestó al hombre, y mientras le mostraba los estudios clínicos, éste comenzó a gritarle nuevamente sin explicación: “por qué tiene esos documentos” le insistía.  Molesta y confundida permaneció unos instantes callada, no entendía por qué la persona que debía protegerla a ella y a su hija se mostraba tan hostil y violenta.

 

“¡Qué es lo que quiere, quiere tres millones de pesos!” refutó el funcionario público. Yezica lo comprendió todo, el sujeto no era capaz de ser sensible y entender que ella estaba ahí para que se le hiciera justicia a su hija, a quien le cambiaron  la vida para siempre.

 

Sol fue víctima de abuso sexual dentro de la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca en la colonia Mirador del Bosque en Zapopan, Jalisco, entre agosto de 2019 y enero de 2020. Sus agresores fueron tres estudiantes del mismo plantel dos años mayores que ella. Los hechos se cometieron frente a la omisión de profesores y directivos de la escuela.

 

Por estos hechos fue emitida la Recomendación 183/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco, la cual reconoce una “serie de omisiones cometidas por personas servidoras públicas pertenecientes a la escuela primaria”.

 

El caso de Sol no es aislado. Expertas y defensoras de los derechos humanos de las infancias y adolescencias expresan que esto se debe al doble sistema patriarcal y adultocentrista, el cual “genera una mezcla tóxica que, primero, violenta los derechos de las niñas y las adolescentes; y una vez que se dan estas expresiones de violencia en su contra, las ignora y hace caso omiso a sus denuncias y exigencias de justicia”, sentencia Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

 

Por ello, niñas y adolescentes mujeres son una población vulnerada, y los actos de violencia en su contra son ignorados por el Estado y por la sociedad en general. En Jalisco, la población de niñas y adolescentes mujeres de 0 a 15 años de edad asciende a 1.107 millones, es decir, representan el 13.3% del total de las y los habitantes de la entidad.

 

Yezica cuenta que, esta no fue la primera vez que sintió que a su hija le violentaron sus derechos dentro del lugar donde “idealmente” tendrían que protegerla: Ciudad Niñez, dependencia destinada en Jalisco a atender las necesidades de las infancias y adolescencias desde un enfoque de derechos e interés superior de la niñez.  Ya antes había intentado que tomaran la declaración a un niño que también había sido víctima de abuso sexual junto a Sol. Sin embargo, el  ministerio público ignoró su testimonio .

 

Desde la REDIM, Ramírez expone que “existe una  mayor incidencia en prácticamente todos los indicadores de violencia  cuando se habla de  niñas y adolescentes mujeres”. De acuerdo con sus datos, tan sólo del 1 de enero al 5 de diciembre de 2021, 12 mil 918 personas entre 0 y 17 años fueron atendidas en hospitales de México por violencia familiar; de éstas, 88.3% eran niñas y mujeres adolescentes (11 mil 409 en total).

 

La directora ejecutiva de la REDIM, explica que la sociedad mexicana no ha terminado de comprender la magnitud de la violencia y las violaciones a los derechos humanos que se perpetran diariamente en México en contra de las niñas y las adolescentes en el país.

 

Al respecto, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR),  organización que brinda atención integral y acompañamiento a mujeres, jóvenes y niñas en contextos de violencia de género o intrafamiliar en el país,  advierte que la población adolescente e infantil son socialmente revictimizadas en un sistema adultocentrista y machista donde está bien visto  “juzgar a una niña que fue víctima de violencia sexual como si se tratase de una adulta”.

 

Dentro de este grupo de la población, las adolescentes sufren un tipo de discriminación y estigma adicional a su edad.

 

Valentina de 16 años es una de esas adolescentes. A finales de 2019 tuvo que convivir  y hacerse cargo de su abuelo materno, por decisión de su madre. Sin embargo, tras el inicio de la pandemia de COVID-19 y la serie de medidas de aislamiento y distanciamiento social, las tareas de cuidado hacia el hombre incrementaron, además del tiempo que pasaba junto a él. Si bien, Valentina no era la única que le cuidaba, -porque su hermana de 19 años también lo hacía-, el abuelo se aprovechaba de esos momentos en los que estaba sola para abusar de ella.

 

“Comenzó a pedirle que tocara sus genitales”, relata su hermana mayor Verónica.

 

Pese a que en  junio de 2020 interpusieron la denuncia correspondiente ante la agencia del ministerio público de Ciudad Niñez, hasta la fecha, no han recibido ninguna resolución. Además, recuerda que durante las declaraciones que ella, su papá,Valentina y su otra hermana realizaron, fue visible la falta de sensibilidad, escucha y comprensión hacia la gravedad del hecho:  “yo lo que veía era que tenían un estigma por ver que son adolescentes, así como de ‘ay, es que son adolescentes, están en la edad de la punzada’, ‘ay sí, son super rebeldes, y sólo quieren buscar problemas”.

 

“El sistema es adultocentrista y tiene una fobia a la adolescencia” replica Vero.

 

Es esta posición y mirada adultocentrista la que lleva a las autoridades a observar a niñas y adolescentes como personas sin derechos, sin poder de decisión y sin capacidad de hacer uso de su voz.  Valentina lo vivió, ningún funcionario público le creían, ni a ella ni a sus hermanas que se presentaron a declarar.

 

“El MP encargado de la denuncia era demasiado estricto, me preguntaba ‘¿a ti te consta que le tocó sus partes?, o sólo me estás contando lo que te contó tu hermana?’ y yo de ‘pues claro que no lo vi, no es como que el proceso de un abusador todos lo vean, a mi me lo contó mi hermana”, y él me preguntaba “entonces sí estás segura de que es verdad?’. Osea, cómo podía preguntarme si estoy segura de que mi hermana fue abusada físicamente, pues claro que sí estoy segura, si no nos hubiese ido a declarar ni a poner la denuncia”, relata Vero.

 

Wendy Figueroa asegura que, en su mayoría, las niñas y adolescentes suelen sufrir con mayor frecuencia violencia física, económica, sexual y psicológica, según los registros de la Red Nacional de Refugios.  Esto es así porque están sujetas a roles y actividades que, socialmente, se piensan para las mujeres o al sexo femenino. Ellas se ven obligadas al cuidado de sus hermanas y hermanos más pequeños, así como a la atención de las actividades domésticas, lo que les impide tener un  pleno  desarrollo y acceder a sus derechos a la  educación y el esparcimiento. Incluso, como a Valentina, las llevan a ser víctimas de delitos que atentan contra su integridad.

 

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GRÁFICA B

 

Tan sólo en Jalisco, los feminicidios cometidos contra niñas y adolescentes en los últimos ocho años representan el 10% del total (337) de las muertes violentas por razón de género cometidas en contra mujeres de 2012 a septiembre de 2020, de acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Se trata de 35 feminicidios en donde la víctima tenía entre 0 y 17 años de edad; en 15 de estos casos la víctima tenía entre 0 y 9 años, mientras que, 20 de los casos restantes la víctima tenía entre 10 y 17 años.

 

GRÁFICA A.

 

Si bien, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), contabiliza de enero de 2015 a diciembre de 2021, 382 feminicidios en el mismo estado, sus registros no se encuentran desagregados por edad de las víctimas. Por esta razón, para la red feminista Nostras tenemos otros datos, las estadísitcas oficiales del SESNSP son “subregistros”. Aunado a ello, en México, la legislación no incluye ni reconoce el término feminicidio infantil, sólo se considera una “agravante del delito”.

 

Desde la RNR, Wendy Figueroa señala que, en todo México, 7 de cada 10 feminicidios infantiles fueron realizados por familiares, de tal manera que las primeras expresiones de violencia se viven al interior del núcleo familiar.

 

¿Quiénes son más vulnerables? Al respecto, Tania Ramiírez asegura que vivir en contextos de pobreza genera “exclusión social”,  situación que impide a niñas y adolescentes acceder a servicios de salud, a una vivienda digna y a una correcta alimentación. La suma de estas vulnerabilidades produce tensiones hacia el interior de las familias y en sus comunidades y hace que los riesgos de sufrir estas violencias aumenten.

 

A la par, la psicóloga y fundadora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, Raquel Scholosser, explica que dentro de las comunidades en las que se han asentado grupos del crimen organizado  y donde prevalecen escenarios de pobreza extrema, los derechos de las niñas y las adolescentes son más vulnerados. También reconoce que “la violencia no tiene límites, ni nivel de ingreso, ni nivel educativo, ni género, ni colonia; la violencia es un tema general que se manifiesta en todas las diferentes áreas de la vida y nadie está exento de ello”.

 

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Regina es una adolescente  que en su escuela ha fundado una colectiva feminista por y para las niñas y adolescentes. En 2013, cuando  tenía 7 años, fue abusada sexualmente por su tío de 15. Sin embargo,  ella no fue consciente de lo que había vivido hasta cinco años después: “no lo recordé hasta que comencé a ir con una psicóloga. No supe qué hacer, porque el agresor era alguien de mi familia. Por un momento me sentí culpable”.

 

Tania Ramírez de la REDIM, señala que durante 2021 fueron atendidos 6 mil 814 casos de pacientes menores de edad víctimas de abuso sexual dentro de los hospitales de todo el país, de los cuales 6 mil 337 fueron niñas o adolescentes.

 

Mediante una solicitud de transparencia (con folio 07302620), la Fiscalía del Estado asegura que de enero de 2012 hasta septiembre de 2020, se generaron 14 mil 331 averiguaciones y/o carpetas de investigación por el delito de abuso sexual infantil. De igual forma, hubo 52 órdenes de aprehensión por el mismo delito de 2012 a 2020;  y en total se dieron 303 órdenes de aprehensión cumplidas en el mismo periodo de tiempo.

 

GRÁFICA C

 

 

Cuando la adolescente habló con sus padres y una abogada para presentar una denuncia por el abuso que vivió, estos le pidieron que no lo hiciera, pues “ya habían pasado muchos años’’y requería de pruebas para sostener su dicho: “me dijeron que a fuerzas se necesitaban pruebas porque la ley no puede hacer nada sin ellas”.

 

Sin embargo, el  Protocolo Unificado de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Estado de Jalisco menciona que es obligación de las o los agentes del ministerio público recibir las denuncias e iniciar una investigación aun cuando la víctima no presente pruebas.

 

Wendy Figueroa advierte desde su experiencia que son estas deficiencias y negligencias en los sistemas de procuración de justicia las que provocan que niñas y adolescentes vivan “una situación de total inacción” en sus casos.

 

Por otro lado, si bien, ya existían deficiencias en las instituciones para atender los casos desde una perspectiva de género y el interés superior de la niñez, la emergencia sanitaria agravó estas situaciones.

 

La pandemia aumentó “lo que ya era terrible”

 

Raquel Scholosser explica que “la pandemia no inventó nada nuevo”, sino que, más bien, a causa de las medidas implementadas por los gobiernos, “las niñas se quedaron atrapadas con sus agresores dentro de sus hogares; por ello, “la pandemia aumentó 300% lo que ya era terrible”. Aunado a la violencia de género recrudecida, se sumó la falta de acceso a la justicia y el retraso en la resolución de las denuncias y sus respectivas investigaciones.

 

Muestra de ello es la historia de Valentina, quien se encontraba atrapada con su agresor dentro de su propio hogar, y quien a pesar de presentar una denuncia, las autoridades hicieron caso omiso: “Siempre es esta cuestión de ‘es que tenemos muchos casos’. El proceso también se retrasó por la pandemia, la cual también ha sido una de sus excusas principales”, expresa.

 

Pero también está el caso de Sol. Su madre Yezica, expresa que ante la respuesta del ministerio público sobre que “el abuso sexual nunca ocurrió” tuvo que acudir de nuevo con la ginecóloga forense, quien le advirtió que debido a la carga de trabajo que se conjuntó con la crisis sanitaria, “hubo un error en los documentos que el funcionario le mostró”, y que, en efecto, su hija sí había sido víctima de este delito y no se trata “sólo de una infección vaginal”:

 

“Sólo porque yo insistí y ya llevaba los otros documentos que corroboraban que había señalas de abuso sexual, fue que no pudieron tumbar el proceso de la investigación”.

 

Yezica interpuso la denuncia por abuso sexual infantil cometida contra su hija, el 24 de enero de 2020 y, pese a que han pasado dos años desde entonces, aún está en espera de una resolucion. En su opinión, la pandemia de COVID-19 sólo vino a sumarse como un pretexto más para que “el personal de la Fiscalía no hiciera su trabajo y pusiera muchas trabas”.

 

 

Por otro lado, la defensora Wendy Figueroa señala que los embarazos adolescentes e infantiles (que son productos de violaciones), durante el confinamiento se han incrementado en más del 80% a nivel nacional. Desde RNR, se ha documentado un alza en las peticiones de ayuda a la organización a través de redes sociales, vía telefónica o en los espacios físicos de atención.

 

En cuanto a los índices de impunidad, las expertas coinciden en que, al hablar de delitos cometidos en contra de menores de edad mujeres, lo cierto es que la cifra pre pandemia ya era de por sí alta: “el 95% de las carpetas de investigación donde la víctima tiene entre 0  y 17 años son cerradas y jamás concluidas”.

 

Figueroa agrega que, ante la llegada de la crisis sanitaria en todo el país, las autoridades mexicanas no escucharon y tampoco atendieron el recrudecimiento de la violencia contra las niñas y las adolescentes. Si ya ignoraban lo que sucedía antes, poco menos que nada hicieron para atender las otras formas de violencia que llegaron a manifestarse y a atentar contra la seguridad y tranquilidad de esta población. A decir, de la también defensora, la violación a la intimindad sexual, el ciberacoso, así como el hostigamiento en plataformas digitales fueron las nuevas manifestaciones de la violencia de género.

 

 

 

El encubrimiento adultocéntrico y conservador

 

El doble sistema que discrimina a las niñas y adolescentes no solamente se experimenta en las dependencias de gobierno y juzgados, sino que también se vive dentro de sus familias, a través de prácticas de encubrimiento, intimidación y silencio. Las víctimas suelen verse orilladas a callar y a “guardar el secreto” para mantener a la “familia unida”:

 

“Como el agresor era mi tío, cuando yo le dije a mi abuela me dijo ‘no, no lo vayan a quemar en redes sociales, tú estás enferma, necesitas mucha ayuda psicológica, seguramente tu novio te hizo algo, y por eso estás diciendo que mi hijo fue’” relata Regina.

 

Raquel Schlosser, como especialista en psicología, explica que estas prácticas sólo generan más dolor en las niñas y adolescentes. Además, contrario a lo que buscan, estos recuerdos no serán olvidados y permanecerán para siempre en sus memorias: “Cuando se le dice silencio a una niña o adolescente, no es que se va a callar, es que el tiempo se congela y cuando llega otra vez la escena lo que se callaron antes y lo que quisieron guardar brota”.

 

Por ello, la psicóloga  enfatiza en la importancia de “tener un mundo que les crea”:“Nadie lo va a contar  para lastimar, nadie lo va a ir a decir si no es cierto, los agresores son los que las dañan, y nadie debe volver a las niñas ni a las adolescentes ‘agresoras’ solo por decir la verdad, una verdad que les duele, que les lastima y que les arrebata su bienestar” precisa.

 

Schlosser afirma que la violencia “tiene efectos transversales en toda la vida”, no obstante, cuando se habla de infancias estos se agudizan, pues según explica, en esta etapa las personas menores de edad desarrollan sus estructuras de confianza,  de vínculos, de relación, de formas de amor, de defensa y de certezas.

 

Yezica lo sabe, el abuso sexual que vivió su hija pese a que han pasado mas de dos años, es recurrente en sus sueños, en sus pensamientos y en su forma de vivir y relacionarse: “me dijeron que tiene terror emocional, mi hija dice que no existen los amigos, tiene mucho terror en la noche y depresión. Mi hija tenía 8 años y tenía ganas de ser alguien en la vida, y de la nada cambiaron su vida para siempre, le causaron un daño que es irreparable e irreversible. Nadie se lo va a poder quitar, así me den millones de pesos. Buscar la justicia es una forma de sanar un poco este dolor’’.

 

Además, las marcas que deja la violencia son profundas, reitera la psicóloga, esto sucede porque “el sistema cognitivo y el sistema consciente quedan alterados por la situación de trauma”. Y, si bien, para atravesar por todas estas situaciones resulta necesario contar con la compañía de una persona que escuche y acompañe los procesos, no todas las sobrevivientes cuentan con acceso a servicios terapéuticos, pese a que deberían garantizarse dentro de las instituciones públicas a bajo costo o gratuitas.

 

Vero, hermana de Valentina, relata que ha tomado terapia “desde que puede pagarla”. Lo hizo por su cuenta porque, en su experiencia, dentro de las instituciones públicas “no se puede tener un seguimiento terapéutico”, ya que sólo les ofrecen un máximo de 12 sesiones. En contraste, sus hermanas manifestaron tener desconfianza hacia el personal del área de psicología que les fueron asignados.

 

Ante este contexto en el que son ignoradas y revictimizadas, la manera en la que ellas resisten es a través de la exigencia de justicia y la creación de redes de apoyo junto a otras sobrevivientes.

 

Por ejemplo, Sol sólo quiere justicia, así se lo dijo a su madre Yezica luego de descubrir que había sido víctima de abuso sexual, por lo que, hasta la fecha, sigue luchando por justicia para su hija y para los demás niños y niñas que se enfrentaron a situaciones de violencia frente a la omisión de adultos a cargo: “No voy a encontrar esa calma hasta que escuchemos esa sentencia”.

 

Regina, por su parte, narra que una de las maneras en las que ella ha recibido ayuda y ha ayudado a más niñas y adolescentes que han pasado por lo mismo que le sucedió, es a través de la construcción de redes de apoyo como la colectiva feminista que ahora ha conformado:

 

“Cuando tenía 13 años, en la secundaria, comencé a aprender sobre temas de feminismo, y me di cuenta de que mi caso no era aislado, sino que todas las que conformaban el grupo habíamos sido violentadas en algún momento de nuestra vidas. A partir de ahí, creé una colectiva con otras compañeras, una colectiva con perspectiva de género y de infancias y juventudes”.

 

Mientras ellas recuperan lo que se les arrebató y construyen nuevos mundos posibles desde la exigencia de justicia o, como Regina, desde el feminismo, el resto de la sociedad aún tiene una tarea pendiente: romper con las cadenas que violentan los derechos de niñas y adolescentes mujeres:

 

“A veces, rompiendo con todas las ideas, tolerando ser la oveja negra, cortando con el estereotipo, y huyendo de relaciones tóxicas, patriarcales y adultocentristas se puede contribuir a las acciones para procurar el bienestar de las niñas y las adolescentes ”, concluye la psicóloga Schlosser.