Dan por muertos a más de mil comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, para adueñarse de tierra
* Defensoría de Oaxaca investiga el caso.
#Oaxaca 6 Jul (#Istmopress) – Con fecha 12 Agosto del 2018, la supuesta representación comunal Agraria de Santo Domingo Ixcatlán efectuó una asamblea de comuneros, donde desaparecen a mil trece comuneros declarándolos como fallecidos la intención fue validar actos ilegales de despojo de tierras avalados por funcionarios del Registro Civil, Procuraduría Agraria (PA) y Registro agrario Nacional (RAN).
Recordaron que en 1998 tras una sentencia, del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León, concedió a favor de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán, que pertenece al municipio de Tlaxiaco, Oaxaca las 1,356 hectáreas y que molestó al ex mandatario priista, Ruiz Ortiz, oriundo de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca.
Los comuneros denunciaron que Alma Morales Arias, quien es hermana del ex presidente municipal Fredy Eucario Morales Arias, actualmente recluido en un penal de Oaxaca, por el triple homicidio del 30 de abril del 2008 donde fallecieron Melesio Martínez Robles, secretario del Comisariado de Bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán , Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé.
También señalaron que de igual manera en el 2007 junto con el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz “fabricaron” actos de “violencia” que causó muerte y división social intercomunal por la disputa de 1,356 hectáreas de tierra con sus vecinos de Chalcatongo de Hidalgo.
Fabricar un conflicto que además de muerte, criminalización y hostigamiento dejó sin derechos agrarios a más de mil comuneros, es para los demandantes “una vergüenza”, pues todo este acto fue “elaborado” por las autoridades Estatales y Federales para poder acceder a los millones de pesos que otorga el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural “Cosomer” creado en el 2003 y cuya finalidad está encaminada a la atención y solución de Conflictos Sociales en el Medio Rural.
Ante todo esto que han vivido, los comuneros exigen la restitución de todos los comuneros declarados como fallecidos, castigo para los funcionarios involucrados y una disculpa pública de parte de las autoridades, en especial del Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de quien aseguran fungió como testigo de honor en el 2017 hecho que fue público cuando intentaron otorgar a Chalcatongo el 70 por ciento de las hectáreas a cambio de “la paz” pero en realidad era a cambio de los 150 millones de dicho programa – Cosomer- .
“El convenio que firmó el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa fue un acto público y se encuentra en las redes sociales donde estuvo junto con la señora Alma Morales Arias y el Comisariado de Chalcatongo de Hidalgo, nosotros exigimos la restitución de nuestros derechos como comuneros y que cese la violencia que vivimos en nuestro municipio, una violencia que nos fabricaron, solo para adueñarse de aproximadamente 150 millones de pesos, y eso lo sabemos, porque el propio ex alcalde Fredy Eucario lo mencionaba en las asambleas, y es el causante de todo el conflicto” expresó Bernardino Robles Maldonado, comunero y habitante de Santo Domingo Ixcatlán.
Los comuneros de Santo Domingo Ixcatlán junto con el Centro de los Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C. denunciaron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), quién inició una investigación bajo el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021 .
La DDHPO, señaló que los comuneros denunciaron que autoridades del Registro Civil y del Registro Agrario Nacional (RAN), habrían validado el fallecimiento de 22 personas que actualmente se encuentran vivas.
El hecho, advirtió el organismo autónomo, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.
La Defensoría advirtió que es fundamental investigar y aclarar este tipo de actos, pues las propias autoridades agrarias señalan que, en Oaxaca, el 76 por ciento del territorio es propiedad social –comprendiendo siete mil 200 millones de hectáreas–, lo cual implica darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra y con ello, evitar posibles conflictos agrarios o sociales al interior de las comunidades o con otras.
La DDHPO apuntó que entre 2018 y hasta el primer semestre de 2021, se han documentado 105 quejas relacionadas con actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Registro Civil.
Entre los derechos mayormente vulnerados que se desprenden de las propias quejas, se encuentra el relacionado con la seguridad jurídica, legalidad, identidad, petición y pronta respuesta, así como derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.
Por su parte, Javier Mancilla Miranda, encargado de la Delegación del RAN en Oaxaca informó que puso a disposición toda información necesaria para que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes.
“Nosotros somos garantes de que esa información en algún momento de que alguien lo solicite, se le dará, siguiendo las formalidades institucionales, y sí se requiere de una revisión a profundidad, así será, porque implica tensión en un pueblo y debe resolverse”, concluyó.
Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress
