Matan a balazos a defensor comunitario en Oaxaca que luchó contra megaproyectos hidroeléctricos
*Se opuso a los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reina y Río Verde”.
#Juchitán 25 Ene (#Istmopress) – Fidel Heras Cruz, defensor comunitario que luchó contra los megaproyectos hidroeléctricos “Paso de la Reina y Río Verde” fue asesinado con arma de fuego la tarde del sábado a 300 metros del acceso principal de la comunidad La Esperanza que pertenece al municipio de Jamiltepec en la costa oaxaqueña.
El defensor de la tierra y el territorio fungía también como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
En un comunicado, organizaciones sociales de Oaxaca, entre ellos, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER, así como autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECO, Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA y Ecosta Yutu Cuii manifestaron que el asesinato de Heras Cruz podría tratarse de un “móvil político”, debido a que el pasado 21 de enero, recibió una amenaza de muerte que se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado.
“En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaron hasta llegar a la comunidad”, señalaron las organizaciones.
Mencionaron también que desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo.
“ La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, dijeron.
Relataron que en diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reina.
“ A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras”, precisaron.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
Hasta el momento, la Fiscalia General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha informado nada respecto a este asesinato, por lo que organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y Servicios del Pueblo Mixe A.C, exigieron a las autoridades dar con los responsables.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el homicidio del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) Fidel Heras y solicitó medidas cautelares.
El organismo autónomo inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021, y pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.
Asimismo, requirió a la Secretaría de Seguridad Pública la implementación de rondines de vigilancia en el tramo correspondiente de la agencia municipal Paso de La Reina a la cabecera de Santiago Jamiltepec, Oaxaca y el paraje la Esperanza, sitio donde ocurrió el ataque.
La institución señaló que entre 2015 y 2020, ha iniciado 232 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos, cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.
Por último, la Defensoría reiteró que las y los defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues le dan voz a grupos históricamente invisibilizados, por ello, las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan.
Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress
