Balance de tres décadas de políticas neoliberales en el agro nacional / Guillermo Castillo Ramírez
El agro, entre la economía y la política: Hoy día el campo mexicano y sus diversos actores sociales (campesinos, pueblos indígenas, pequeños propietarios entre otros) viven una severa crisis económica de carácter histórico-estructural. Las causas de este estado de cosas se han acumulado y acentuado por más de un cuarto de siglo y están relacionadas de manera directa con la acción y programas de los regímenes neoliberales del Estado mexicano (1982-2015), así como con la influencia de las directrices y acciones de las instituciones económicas y agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros (Bartra, 2002). Más allá de los componentes y condicionantes coyunturales e inesperados que puedan tener (catástrofes climáticas que impactan las cosechas, la caída de los precios de productos agrícolas en los mercados, debacles del sistema económico-político global), las crisis se construyen año con año y son resultado de los modelos económicos que se imponen y de las acciones o la falta de éstas por parte de los gobiernos en turno.
Sin duda, para entender por qué el campo mexicano se encuentra en este escenario actual de precariedad hay que remitirse al cambio de modelo de desarrollo económico por el que optaron los gobiernos mexicanos de fin del siglo XX. En un afán de modernizar al país y de seguir los lineamientos de la política económica planteados por los gobiernos republicanos norteamericanos de Regan y Bush para México, los gobiernos mexicanos del priismo tecnócrata (los regímenes de De la Madrid y Salinas), sin un análisis a fondo del campo mexicano y desdeñando las voces disidentes de los actores directamente involucrados (agricultores, organizaciones campesinas, asociaciones civiles, ONGs), pensaron que la liberalización de la economía en el sector rural y el ingreso de los productores agrícolas mexicanos al mercado internacional de América del norte conducirían a la modernización, capitalización y productividad del campo. Hoy, más de treinta años después, sólo se cosecha lo contrario. “Los datos duros oficiales” y “las estadísticas e informes económicos” de las instituciones internacionales (BM, FMI, BID, entre otros) sólo muestran el recuento de crisis estructurales que se sembraron y cultivaron por lustros.
Crisis, precariedad y dependencia.
Las crisis tampoco golpean por igual y de la misma manera a todos, sus repercusiones se experimentan de manera diferenciada, dependiente del ámbito y grupo en específico que se aborde. Hay quienes pagan con creces, mientras otros reciben ayuda y respaldo. Si bien la situación de deterioro crónico de la productividad y condiciones de vida del sector rural en el México de las últimas décadas ha impactado negativamente a un gran abanico de agricultores de diversa escala (desde grupos de economías de autoproducción hasta medianos propietarios) y otros grupos sociales, son los campesinos y los indígenas quienes han tenido que solventar los costos de una larga lista de problemas.
Muy lejos está ya la época de los regímenes del México posrevolucionario, donde los campesinos fueron actores políticos de primera fila y tuvieron un papel preponderante en la construcción del Estado mexicano en las áreas no urbanas. La situación actual de los campesinos y diversos agricultores muestra que el sector rural ya no es considerado como relevante o “estratégico” para los intereses del Estado neoliberal. Los gobiernos en turno, que ahora se avocan por generar alianzas y pactos con las élites políticos-económicas nacionales y transnacionales, no apuestan más por obtener el capital social y político que podrían apórtales estos sectores populares rurales.
Con el argumento de que el campo estaba generando sólo un pequeño aporte económico al PIB a fines de la década de 1980 y principios del decenio de 1990, los regímenes de De la Madrid y Salinas le dieron la espalda al campo quitando abruptamente gran parte de los subsidios oficiales a la producción agrícola y los apoyos para la infraestructura productiva, sin siquiera saber con certeza si funcionaría el nuevo modelo de desarrollo económico para el sector rural. Estas medidas no sólo supusieron el desmantelamiento y/o la desaparición de las agencias y programas estatales de apoyo y subvención para los campesinos y otros productores agropecuarios (como CONASUPO, BANRURAL, IMCAFE, entre otros), también implicó la reforma al artículo 27 constitucional, que, de facto, dio por terminado el reparto agrario y abrió la puerta y fomentó la privatización de las tierras ejidales y comunales. En este cálculo hubo una omisión muy grave y por demás cuestionable, el valor del campo no sólo residía en términos del dinero que como sector productivo aportaba al PIB, sino su principal relevancia estaba en la generación de la mayoría de los productos comestibles y los alimentos básicos que necesitaba el país, además de las fuentes de empleo que generaba en los ámbitos rurales.
Recuento de daños, sálvese el que pueda…. y que paguen los más pobres…
Aunque los principales afectados sean quienes viven en el medio rural, los saldos negros exceden el ámbito del campo y también tocan directa e indirectamente a las ciudades y muchos grupos sociales de las urbes. El recuento de daños involucra a demasiados y se manifiesta, entre otras, en las siguiente problemáticas:
(1) Debido al largo proceso del debacle de la agricultura mercantil y a las crisis en los mercados agrícolas nacionales e internacionales, el campo hoy no ofrece oportunidades reales ni justas de empleo para los campesinos, sus familias y sus hijos. De acuerdo a los precios actuales del maíz y el fríjol, los campesinos están expuestos a una existencia de precariedad y zozobra. El caso de los jornaleros agrícolas migrantes no es mejor, con salarios de hambre y condiciones de trabajo inseguras y de explotación, apenas consiguen lo necesario para subsistir. En este contexto, los jóvenes del campo difícilmente tienen en el sector rural una oportunidad efectiva, justa y digna de desarrollo económico y de condiciones de vida que garanticen un futuro medianamente decente y promisorio.
(2) Como consecuencia de la disminución en los mercados internacionales de los precios de los cultivos y de la estructuralmente desigual competencia con los productores agrícolas “de los países desarrollados del norte” (Estados Unidos –EU- y Canadá) a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el campo en México y sus agricultores ha experimentado un decreciente deterioro de los niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias destinadas al intercambio mercantil. Los datos y las estadísticas oficiales son contundentes al respecto y muestran una pérdida sostenida y creciente del sector rural como espacio laboral de mediados de la década de 1990 a la actualidad. De hecho, para 2010 se calculaba que, resultado de lo previamente dicho, se habían perdido más de 2 millones de empleos. El campo es también el lugar donde los salarios han perdido un mayor poder adquisitivo. Los campesinos, con una sabiduría profunda de raíces ancestrales, enuncian esta situación de manera mucho más clara y contundente: “ya no sale sembrar la tierra, las cosechas están muy baratas”, “con los precios como están ya ni tiene caso sembrar, sólo mal pagan el maíz y el fríjol”.
(3) Vinculado a lo anterior y resultado de un creciente y abrumador proceso de disminución de la auto-producción de los cultivos básicos para el país, se ha venido incrementado la dependencia alimentaria en México. El campo yo no aporta los alimentos y productos comestibles indispensables para la población y, como resultado, ahora se compra en el exterior (EU y Canadá) cultivos básicos (como maíz y fríjol) que antes se sembraban y cosechaban en el país. Esta situación es por demás alarmante, estudios del grupo de investigación de migración y desarrollo de la Universidad de Autónoma de Zacatecas apuntan que para el 2012 poco más de un tercio del maíz que se consumió en el país era importado y en el caso del fríjol más del noventa por ciento. La dependencia alimentaria respecto al “norte” (también leída como la ausencia de soberanía), es sólo uno de los graves y drásticos reflejos de las relaciones de desigualdad política y económica que México tiene respecto a EU y Canadá.
(4) Aunado a lo anterior, en un sector rural precario y sin trabajos, se acrecentó el proceso de despoblamiento en las zonas rurales. En un escenario de clara carestía y sin posibilidades efectivas de mejoría, la gente sale temporal o definitivamente de sus lugares de origen a buscar mejores condiciones de vida, ya sea en las ciudades próximas o fuera del país. Dentro de este fenómeno, particularmente la migración al extranjero (especialmente la que se dirige a EU) ha representado una fuerte sangría socio-demográfica. El campo está quedándose sin sus jóvenes y buena parte de sus hombres. En este contexto, la debacle de las economías agrícolas (relacionada directamente al TLCAN y los cambios de las políticas oficiales hacia el sector rural), han sido un motor muy importante para el incremento significativo del fenómeno social de la migración de mexicanos a EU. Los campesinos empobrecidos y los pequeños propietarios descapitalizados son parte importantísima (en términos numéricos) de los contingentes de migrantes que, por sus propios medios y bajo diversos riesgos, se dirigen al norte para cruzar una frontera peligrosa y violenta, con miras a mejorar su situación de vida. Para 2007, según datos de la encuesta EMIF, más del sesenta por ciento de los migrantes mexicanos que se dirigían a EU provenían de zonas rurales.
(5) Por otro lado, otro de los efectos colaterales del abandono del campo ha sido el drástico incremento y agudización de la pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales, así como el deterioro en la garantía y ejercicio de los derechos sociales por parte del Estado. Las escuelas de educación básica y secundaria son insuficientes y deficientes; el caso de la oferta de educación media superior es todavía más precario y las oportunidades efectivas de acceder a la educación superior son prácticamente inexistentes para la abrumadora mayoría de los campesinos y habitantes de las zonas rurales. Los servicios médicos no presentan un mejor panorama. Las clínicas y hospitales son escasos y no dan abasto a la demanda de atención médica. Ejemplos claros de lo previamente apuntado son los casos de las zonas rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (entidades con una gran población rural e indígena-campesina), lugares que tienen la menor esperanza de vida del país, así como la mayor mortalidad infantil y materna, situación coronada por los niveles de ingreso más bajo de México y los menores niveles de escolaridad a nivel nacional.
Los campesinos y su constante lucha contra la adversidad.
Los campesinos, como el campo donde viven, están en la encrucijada de la precariedad, la pobreza y la migración. Sin embargo, ellos, a través de sus diversos medios y redes, tratan de manera cotidiana de dar repuesta y hacer frente a las adversidades que tienen, ya sea mediante la migración (a EU, las grandes metrópolis mexicanos y los principales centros turísticos nacionales), o generando otras alternativas productivas y también a través de la organización colectiva y la formación de movimientos y organizaciones sociales para defender sus derechos y tierras. Hoy como ayer, los campesinos son una voz tenaz que le recuerda al Estado los pactos incumplidos.
http://desinformemonos.org.mx/balance-de-tres-decadas-de-politicas-neoliberales-en-el-agro-nacional/
